SALUD VERSUS AGROTÓXICOS: SITUACIÓN EN EL CHACO

05.07.2013 15:37

Salud versus agrotóxicos

Las progresivas denuncias de los pueblos fumigados alarman a organizaciones ambientalistas, profesionales y científicos que aseguran que no existen los controles ni las acciones preventivas necesarias para resguardar a la comunidad. En Chaco, como en muchas otras provincias, la atención se dilata poniendo en riesgo la calidad de vida de ésta y futuras generaciones.

“Conozco toda la zona central, existe un uso abuso indiscriminado de los plaguicidas”, sostuvo Montenegro.
Archivo/elDiario

Los resultados del abuso de la aplicación de agrotóxicos se han demostrado no sólo en países desarrollados, ya que en Argentina vecinos, activistas ambientales y hasta la misma Justicia han denunciado la intoxicación de los pobladores por el uso indiscriminado de estas sustancias en el sector agrícola. En Chaco, diferentes organizaciones, profesionales y científicos, que llegan desde otras partes del país y del mundo, bregan por la calidad de vida de los habitantes más vulnerables y en ese marco, investigan la realidad que los aísla.

Tras el aumento de las denuncias que vinculan los casos de cáncer y malformaciones genéticas con el uso de agroquímicos, y la confirmación de estas presentaciones por parte de un estudio científico de Nación, la Universidad de Córdoba en conjunto con la Universidad de California (Estados Unidos) iniciarán este mes una toma de muestras sanguíneas y de leche materna en Avia Terai y Napenay para determinar la presencia de estas sustancias. Desde la universidad cordobesa y como parte del equipo de investigación, el biólogo Raúl Montenegro, en contacto a elDIARIO de la Región, manifestó que conoce la realidad de la zona central de Chaco y aseguró “que no existen controles” sobre la aplicación de plaguicidas en la producción agrícola y tampoco se conocen sus consecuencias en la vida de los habitantes.

En la misma lucha y desde la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carillo”, Analia Otaño es testigo  de la contaminación que sufren las familias y el medioambiente a través de los masivos cultivos sojeros y tomateros que existen tanto en Chaco como en Corrientes, respectivamente. Desde comienzo de este año, la fundación advirtió al Ministerio de Planificación y Ambiente que la planta Genética Mandiyú radicada en Avia Terai no ha presentado los estudios ambientales ni las acreditaciones necesarias para su funcionamiento. Además, denunció la existencia de casos de malformación congénita en adolescentes de 15 años de Napenay.

Recién en junio, el estudio realizado por encargo del Ministerio de Salud de la Nación  movilizó a funcionarios de las áreas responsable que en el transcurso de ese mes visitaron a empresas expendedoras de agroquímicos en Villa Ángela, Charata, Las Breñas y San Bernardo;  y, según adelantaron, comenzarían una serie de estudios epidemiológicos entre la población y los agricultores de Las Palmas, La Leonesa y Napenay.

 

“EN CHACO NO

HAY CONTROLES”

Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), adelantó que el equipo de investigación trabajará durante julio y agosto en Avia Terai y Napenay, focos de los cultivos industriales de soja, donde se tomarán muestras de sangre de los menores de 14 años y en leche materna.

“Conozco toda la zona central, existe un abuso indiscriminado de los plaguicidas que ocasiona un terrible impacto”, sostuvo el investigador premiado en 2004 con el Nobel Alternativo por su militancia ambiental. A su vez, remarcó que la finalidad es comprobar las causas del aumento de casos de cáncer y otras enfermedades que padecen los vecinos de dichas localidades. Sin embargo, Montenegro entiende que “para tomar decisiones en nuestro país rige el principio de precaución, que lo establece el artículo 4 de la Ley de Ambiente -26.675- y no hace falta desde ningún punto de vista esperar resultados”.

Con respecto a los inspecciones que se prevén por parte del Estado, sostuvo que “el enfoque está equivocado: se mide la dosis letal, pero no se tiene en cuenta las pequeñas dosis”. “No están regulando la aplicación de plaguicidas en un campo con cero cantidad de estas, sino que ya tiene concentración acumulada”, advirtió.

 

“LO MÁS GRAVE

ES EL FUTURO”

Como integrante de la Red Popular Ramón Carrillo, Otaño participó activamente en la lucha de los vecinos de La Leonesa para frenar la aplicación indiscriminada de plaguicidas y el consecuente efecto de destrucción de su salud. Cabe recordar que en esa localidad, desde 2011, está  vigente un recurso de amparo que obligó a las arroceras del Departamento Bermejo a no pulverizar con agrotóxicos en forma aérea ni terrestre a una distancia de 1.000 y 2.000 metros, respectivamente, del barrio La Ralera.

Actualmente, acompañó varias presentaciones que la fundación realizó ante el área de Ambiente de la provincia para solicitar información sobre el funcionamiento de la planta Genética Mandiyú, ubicada en la entrada de Avai Tera, en la ruta N° 16 kilómetro 207.

Las notas fueron enviadas en relación al cumplimiento de las leyes provinciales: N° 5562; N° 3964; N° 3946; y la reglamentación de las mismas.

Tras la respuesta de la cartera a cargo de Raúl Codutti: se confirmó que la firma transgénica nunca  presentó el Estudio de Impacto Ambiental como tampoco el Plan de Gestión Ambiental, y que aún se encuentra en proceso de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, por lo que está funcionando sin contar con Certificado Ambiental.

En otro punto de la nota, se cita la investigación coordinada en conjunto por el Centro STPS de la Universidad de Sussek (UK), la Fundación CENIT de Buenos Aires, la Universidad de Economía y Ley de China y el Instituto de Desarrollo Social y Política Publica de la Universidad de Bejin, que sostiene que la firma “Mandiyú, con Monsato y la nacional Ciagro, es la única productora y multiplicadora autorizada de semillas transgénicas de algodón certificadas”, y en ese marco comercializa el evento transgénico BR de manera informal. A ese respecto, el Ministerio provincial contestó que la fiscalización de esta comercialización y sus impactos “no forman parte” de la competencia del área.

Ante la pregunta sobre la distancia que mantiene la planta de las instalaciones urbanas de la localidad, el Ministerio respondió que aún son informales los datos que pueda brindar al respecto y se dejó la cuestión sujeta a inspección.  Finalmente, la nota solicita mayor información sobre los cultivos experimentales de Mandiyú que son pulverizados con agroquímicos, teniendo en cuenta el cumplimiento de la ley de Biocidas.

A través de su experiencia, Otaño enumeró que las afecciones más comunes entre niños afectados por las fumigaciones se encuentran “muchos casos de leusemia, tumores cerebrales y otros tipos de cáncer”. “Lo más grave es el futuro de las generaciones por las malformaciones genéticas que producen estas actividades”, sostuvo y añadió que “además de estas enfermedades, existen una cantidad enorme de alergias: al mínimo contacto con los plaguicidas, los niños se agitan, padecen bronquitis, alergias crónicas en la piel y digestivas.

En una última presentación, con las firmas de la asesora legal de la Red Carrillo, Alejandra Gómez, y la coordinadora del Interior, María del Carmen Seveso, se detallan los diagnósticos de 15 casos de niños menores de 15 años con distintos tipos de discapacidades por malformación congénita (hidrocefalia mielomeningocele, estrabismo ocular, retraso psicomotriz, cardiopatía congénita, síndrome de Down, entre otras), aunque se aclara que se trata de datos parciales, relevados en el área urbana y periurbana y que fueron cruzados con información del Servicio de Neonatología del Hospital 4 de Junio de  Sáenz Peña.

“Es gravísimo que un Gobierno que esté al lado del pueblo, no cumpla con los mínimos requisitos para cuidar la salud. Es muy fuerte el poder económico, pero también hay otras salidas”, concluyó.

 

LA RESPUESTA LA

CONSEGUIMOS  A TRAVéS

DE LA JUSTICIA

Así lo consideró Otaño al referirse a casos como el de La Leonesa y Lavalle en Corrientes, donde  un niño de 4 años murió envenenado con un agrotóxico organofosforado, análisis realizado en el hospital de Goya y compatible con el tipo de agrotóxicos que usan las tomateras radicadas en la localidad: en ambas situaciones la Justicia falló a favor de los damnificados. En esta última causa, se ha avanzado gracias a las abundantes pruebas que vinculan la muerte con las fumigaciones, y por el trabajo de Julián Segovia, de  la Fundación Infancia Robada. Tal es así que Oscar Antonio Candussi, presidente de la Asociación Hortícola de Lavalle y dueño de la empresa tomatera lindante con la casa donde vivían los Rivero, se encuentra imputado.

Sobre su participación en la causa contra las Arroceras de La Leonesa, Otaño describió con en ese entonces “comenzó la lucha oficialmente, porque fue la primera judicializó una denuncia de este tipo en la provincia, porque la empresa no cumplió con ninguno de los artículos de Ley de Biocidas que existía en ese momento”. “Luchamos mucho, la población, científicos, organizaciones y diputados para demostrar cómo afectaban los agroquímicos a las personas”, recordó.

 

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