¿PARTICIPACIÓN?
Por Clara Riveros Sosa (Publicado en el Diario La Región del 11-08-2012)
Los dichos y opiniones de Adolfo Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz, son siempre referencias de considerado prestigio, y así lo fueron también a niveles oficiales, aunque allí, actualmente, se lo haya dejado de mencionar. En esos espacios las citas de Pérez Esquivel han ido diluyéndose notablemente, hasta borrarse del todo, a medida que el activista de los derechos humanos transitaba de sus juicios sobre el pasado a apuntar con mirada crítica a las injusticias y atropellos del presente, es decir a cuestiones mucho más irritantes. Estimamos que tiene menos chances de resultar mentado (a menos que se intente contra él algún tipo de descalificación) a partir de su pública y reciente manifestación acerca del uso de agrotóxicos, en cuyo contexto expresó: “...las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad”.
Ningún momento más apropiado para tomar en cuenta esas palabras emitidas por alguien que, si bien no proviene del campo científico, por su trayectoria y pertenencia a numerosas y acreditadas instituciones nacionales e internacionales, dispone de la más abundante y autorizada información. Aunque esta situación no lo pone a salvo: nuestros funcionarios no vacilaron, pocos años atrás, en tratar de “estúpidos desinformados” a dos científicos de relevancia internacional que fueran convocados por ambientalistas y que expusieran -dichos especialistas- sus objeciones a cierto proyecto oficial.
Decíamos que el momento es apropiado para traer a la memoria lo antedicho, dadas las circunstancias en que se encuentra nuestra provincia ante la aprobación en la legislatura y luego su rápida promulgación por parte del poder ejecutivo, de la discutida Ley de Biocidas. Discutida pero en el llano, por parte de damnificados y organizaciones de la sociedad civil, debate que incluyó una concurrida audiencia pública que por su densidad debió desarrollarse en dos etapas. En su transcurso, las declaraciones efectuadas por pobladores rurales, habitantes de pueblos aledaños a las zonas fumigadas y pequeños productores afectados, siempre conmovedoras en su sencillez y trágico realismo, conmocionaron todavía más a periodistas y a algunos oyentes no habituados a escucharlos. Nada de esto tuvo peso a la hora de las conclusiones ni se vio reflejado en la ley consiguiente, todo lo cual no sólo significará la continuación de los terribles daños por tóxicos sino que adquiere una gravedad también institucional porque ahora el gobierno degrada así la muy publicitada consigna de la “participación ciudadana” y siembra, en cambio, mucho más que escepticismo en la ciudadanía convocada que es pero luego desatendida.
Se dijo que los puntos resistidos de la ley de Biocidas se verían compensados con la reglamentación por decreto, pero tal opción no ofrece ninguna garantía de mejora, habida cuenta - entre otros- de tres puntos principales. Uno, que los decretos (aun imaginando que resultaran excelentes) son fácilmente cancelados por nuevos decretos sobre la misma cuestión, lo que no ofrece nada de seguridad sobre la continuación de su vigencia. Dos, que esta ley de Biocidas es “elástica” y permite que las fumigaciones se realicen a distancias todavía menores a las establecidas, quedando librada su determinación al criterio de las autoridad de turno. Tres, que ninguna ley protege como es debido ante la ausencia de controles, porque se da el caso de que se ha estado infringiendo sin más la ley anterior, con fumigaciones recientes e impunes, a distancias mucho menores de las que esa ley establecía (que al momento se hallaba vigente) y sobre pobladores inermes (caso Campo Medina, sólo para ejemplificar).
En tanto, el gobernador y el ministro de Planificación y Ambiente han dicho que, en la materia, los ambientalistas “mantienen posiciones irreductibles”. Nos preguntamos entonces si cualquier persona normal y consciente que fuera amenazada de echarle en la cara algún biocida no mantendría una postura de resistencia “irreductible”. Que (al menos en los papeles) se utilicen para pulverizar los productos marcados con banda verde sólo significa que existen otros que son más tóxicos aun.
El otro argumento que se esgrime para favorecer las prácticas propias de la agroindustria y que se repite como una cantilena, es que sin ellas es imposible producir, falacia que como tal está demostrada por pequeños y medianos productores que no emplean dichas prácticas ni productos y que consiguen lo suyo con métodos verdaderamente sustentables y con todo éxito; éxito que se desmorona, lógicamente, cuando se encuentran de pronto acorralados por grandes monocultivos con sus aplicaciones de tóxicos que inutilizan sus campos, matan sus animales y contaminan sus fuentes y reservorios de agua, a la par que los enferman a ellos y a sus familias. Un drama que sólo beneficia a ciertas grandes empresas y a quienes negocian con ellas. Drama que reduce a personas, otrora sanas, independientes y autoabastecidas, a población marginal de asentamientos precarios en torno a las ciudades, privadas de medios de vida, condenadas a la miseria, proclives a la delincuencia y sujetas a políticas clientelares.
Mientras, el tema de las distancias es una cuestión relativa y quizás temporal a la espera de que se vayan introduciendo cambios mucho más profundos, en todo el mundo, que procedan a ir clausurando este modelo expoliativo y dañino. Y hablamos de la relatividad de las distancias porque, de todos modos y estemos donde estemos, los agroquímicos siguen presentes en los alimentos que comemos y en numerosísimos artículos que intervienen en la vida cotidiana. Nadie ignora que las distancias solo pueden hacer que se diluyan un tanto en el ambiente, pero persisten porque fluyen por los cursos de agua, siguen hacia el mar, llevados por las corrientes oceánicas, se hallan presentes en los tejidos de peces y otros animales acuáticos y es así como se los encuentra al analizar la sangre de pingüinos antárticos o en la leche de mamíferos cercanos al Polo Norte, todos a miles y miles de kilómetros de las regiones agrícolas. Y no nos estamos refiriendo al contenido de algún alarmista y semi-anónimo envío masivo que circule por correo electrónico, sino a estudios debidamente acreditados por prestigiosos biólogos y no menos acreditadas entidades científicas.
¿Irreductibles? La letra misma de la Constitución asigna a todos los ciudadanos el deber de defender el Ambiente en que viven. Los ambientalistas sólo cumplen con ese deber y ése es su único y para nada “oscuro” interés en juego.
