(Fuente: RENACE) A semanas del acto eleccionario, en secreto, a espaldas de la población y aun de sus propios adherentes, funcionarios de segunda línea del gobierno decidieron inmolarse en el altar de MONSANTO y la Mesa de Enlace.
Sin ocultar su beneplácito, el diario La Nación del 27/09 bajo el título "Acordó el gobierno pautas para el manejo de agroquímicos", informa que con el auspicio del Secretario de Agricultura Lorenzo Basso, ingenieros agrónomos y empresarios, tras un año de "estudio", llegaron al siguiente acuerdo: "para las pulverizaciones terrestres se plantea una distancia de seguridad de 100 metros, como máximo, y de hasta 200 metros, también como máximo, para los casos en que se use avión [con] la posibilidad de que en las pulverizaciones terrestres las distancias puedan ser menores siempre que esté presente un profesional agrónomo controlando."
En consecuencia, mientras el CONICET encontraba agrotóxicos en la Antártida y las Facultades de Ciencias Médicas publicaban regularmente advertencias sobre enfermedades provocadas por la cercanía de fumigaciones con agroquímicos a escuelas y poblaciones, muchas de ellas mortales, en radios de al menos 800 metros, un grupo de tareas desafía a la ciencia y la medicina con opiniones y criterios economicistas, convirtiendo en letra muerta no sólo dictámenes de científicos independientes de las empresas y fallos judiciales que los recogieron, sino la misma Ley General del Ambiente y el art. 41 de la Constitución Nacional.
La nueva operación mediática se inscribe en el marco de una ofensiva contra las víctimas que vienen reclamando protección frente al envenenamiento masivo y acumulativo que sufren desde hace más de 15 años, agravándose por el incremento astronómico en toxicidad y cantidad, superando el 1000% por ciento en ese periodo utilizando venenos producidos hace más de medio siglo y de extrema peligrosidad, como los derivados del Agente Naranja, entre tantos.
El aumento proporcional de afecciones agudas, oncológicas y de todo tipo, cuyo costo, además, es afrontado por el erario público, augura un destino apocalíptico para los millones que habitan la región más poblada del pais y un dudoso balance económico jamás podrá justificar el sacrificio "mengueliano" de una parte de la población.
Apelando a la reserva moral de nuestros representantes, convocamos a las más altas autoridades de la Nación a desautorizar la actuación de funcionarios oficiales en este contubernio y promover con urgencia una instancia de público debate e información sobre el futuro de la población inmersa involuntariamente dentro de un modelo de agricultura transgénica sostenido a base de tóxicos, en el cual el ambiente y las personas son meros obstáculos.
Los reclamos populares y el dramático desenlace frente a un emblema de contaminación y muerte como la firma MONSANTO, en la localidad de Malvinas Argentinas de la provincia de Córdoba, son caras de la misma moneda.
Sin ignorar los riesgos implicados, prestigiosos científicos, médicos y altas casas de estudio decidieron poner todo su talento y prestigio al servicio de millones de ignotas víctimas de un modelo para unos pocos, instalado a base de operaciones de confusión masiva dentro y fuera de las esferas públicas.
El gobierno tiene ahora la palabra.
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