Con la declaración del exinspector de la ley de Biocidas del gobierno del Chaco, Guido Copetti, este martes, a las 9 horas, se concretará la última jornada de testimoniales en el marco del proceso donde se juzga a una familia campesina por el supuesto delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas”. Es por impedir el paso de un tractor que iba a pulverizar agroquímicos en inmediaciones a su pequeña chacra y a una escuela de la zona rural de Colonias Unidas, un día de lluvia y con los caminos intransitables. El juicio se sustancia en la sede de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia que preside la jueza Lidia Lezcano de Urturi.
“Consideramos que no hay hechos que se puedan considerar delito y pedimos el sobreseimiento de todas las personas imputadas”, aseguró a CHACO DIA POR DIA la abogada Alejandra Gómez, codefensora de la familia Aranda junto a su par Danilo Legal. “La familia Aranda vive momentos de angustia, porque además de la desprotección del Estado en momento de las fumigaciones ahora deben afrontar esta situación en la que se los pone por defender el derecho a la salud y de cuidar los pocos bienes que tienen”, reflexionó.
Un funcionario polémico
El ingeniero Guido Copetti, quién estuvo en el lugar de los hechos que dieron lugar a la acusación contra la familia Aranda, fue citado por el fiscal de Cámara ante los estrados judiciales. Varias familias campesinas señalan que cuando se desempeñaba como inspector de la ley de Biocidas –que actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Planificación y Ambiente- las intervenciones en terreno de Copetti estaban plagadas de actitudes prepotentes pero no hacia los productores y aplicadores que no se ajustaban a la ley sino hacia las familias campesinas que se atrevían a denunciar la mala aplicación de los agroquímicos y el daño a la salud, al ambiente y a su único modo de subsistencia. Está registrado en una filmación casera que el día del incidente el propio ingeniero Copetti simuló tomar un vaso del herbicida glifosato para "demostrar" que era inocuo.
Por defender la salud y el ambiente
La de este martes será la cuarta y se prevé que la última de las audiencias donde la jueza Urturi escuchará a los testigos propuestos por las partes. En el inicio de las audiencias de debate, Hugo Aranda declaró que lo único que hizo junto a su familia fue tratar de proteger la salud y el ambiente y que fue su propia familia la que dio aviso a la policía de la zona para que concurra a controlar la aplicación de agroquímicos que se pretendía realizar en el Lote 7 de Colonias Unidas. “Fuimos hacia una de las tranqueras donde salía el tractor y le pedimos que espere que venga la policía para que vea que se estaba fumigando un día lluvioso con viento. Ellos retrocedieron el tractor y se encerraron solos”, contó Hugo Aranda en diálogo con RADIO CIUDAD.
La segunda audiencia
Durante la segunda audiencia de debate declaró el veterinario y productor sojero denunciante Roberto Olivieri, el ayudante del tractorista de apellido Sánchez y el agente de policía Walter Ruiz Díaz, todos citados por el fiscal. Por la defensa, lo hicieron Julio Villanueva y Fernando Santiago, quiénes trabajan con pequeños productores de la zona, y Juan Rajoy, apicultor de la zona rural de Colonias Unidas, quienes dieron cuenta de las reuniones y acuerdos entre las partes para que se de aviso con anticipación cuándo se iban a practicar las pulverizaciones.
Por otro lado, el bioquímico Horacio Lucero describió los efectos del glifosato en la salud y la abogada Valeria Romero relató su trabajo en el asesoramiento de las familias campesinas a la hora de dejar asentadas las denuncias por violación a la ley de Biocidas y su participación en una reunión entre los campesinos y funcionarios provinciales.
“Agroquimizados”
Uno de los testimonios más destacados de la tercera audiencia de debate fue el del médico cirujano Máximo Chacón, quién definió que el Chaco está “agroquimizado”. Cuando se le pidieron precisiones sobre esa definición, explicó que “se aplican agroquímicos en gran cantidad, cerca de las viviendas y escuelas y que los envases están dispersos en cualquier lugar”.
Consultado sobre cuáles serían las medidas aconsejables a adoptar para prevenir consecuencias en la salud humana, el médico enumeró: suspender las fumigaciones, prohibir las fumigaciones aéreas y atenuar las terrestres y proteger a los trabajadores y vecinos expuestos a las fumigaciones.
El caso
Un lluvioso día de febrero de 2011, Hugo Aranda, su papá Luciano y su mamá Felipa González detuvieron el paso de un tractor fumigador por uno de los caminos vecinales de su campo cercano a la localidad de Colonias Unidas y le pidieron al conductor que aguarde la llegada de los agentes policiales –que había llamado la propia familia Aranda- para corroborar si contaba con los requisitos que exigen las leyes ambientales chaqueñas y si se podía realizar la aplicación de agroquímicos teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de ese día. Posteriormente, llegaron al lugar los agentes policiales y el ingeniero Guido Copetti, quién por aquel entonces se desempeñaba como inspector de la ley de Biocidas –en el marco del Ministerio de Producción y Ambiente-. Luego de una serie de discusiones, el conflicto parecía superado. Sin embargo, horas después, el productor sojero Roberto Olivieri radicó una denuncia penal contra los miembros de la familia Aranda.
Previo a ese episodio, la familia Aranda había sido afectada en innumerables oportunidades por las fumigaciones y comenzaron a dejar constancias escritas de sus denuncias a partir del año 2009 en la Comisaría de Colonias Unidas. Así, pese a la toma de conocimiento de estas fumigaciones por parte de autoridades del Ministerio de la Producción (ex autoridad de aplicación de la ley de Biocidas y de la ley de Residuos Peligrosos), de funcionarios del Ministerio de Salud y del APA, las fumigaciones continuaron con la misma modalidad. Y se desconoce el trámite que tuvieron todas esas denuncias. Sin embargo, tras la presentación judicial del productor, expeditivamente el fiscal de General San Martín, José Sorabella, luego de tomar declaración a los tractoristas, a un funcionario policial y a los imputados consideró que la familia Aranda incurrió en el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas” y los mandó a un juicio oral que comenzó el 24 de septiembre pasado.
