En su visita por la provincia, el ingeniero forestal y militante ambientalista, Claudio Lowy, realizó un análisis pormenorizado de las consecuencias que acarrea el uso de agrotóxicos para la producción. Manifestó su postura ante la instalación de la planta de arrabio, explicó los resultados de la cosecha de algodón, soja y arroz en la provincia y ratificó su pedido por la modificación del cambio de la metodología de clasificación de los pesticidas. 
Teniendo en cuenta su larga trayectoria en la lucha ambiental, Lowy manifestó la “peligrosidad” de los denominados “agrotóxicos” para el sistema productivo, considerando que actualmente se “genera un ámbito de delitos impunes”. Esto se tratará de detallar en el transcurso del informe, a través de los argumentos que presenta el profesional. 
En un primer momento, es importante remarcar el concepto de los plaguicidas o agroquímicos, los cuales están definidos como “sustancias químicas o mezclas de sustancias, destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas”.

Según Lowy, las personas “no llegan a conocer las consecuencias de los agroquímicos, de los afluentes industriales, colorantes, es decir, no tenemos idea de cuáles son las consecuencias, sobre todo los de origen sintético”. A partir de allí, aborda la temática para dar cuenta de la desinformación que existe, lo cual agrava aún más la situación. 
Previamente, sostiene para ilustrar el escenario, que “los empresarios privados en el sistema capitalista tienen como objetivo principal la ganancia, es decir, la reproducción del capital que invierten. La mayoría de las veces es el único objetivo que persiguen. Cuando estos empresarios se dedican a una actividad productiva, es porque la rentabilidad que esperan obtener es mayor que la esperable con la especulación financiera, y buscan la mayor ganancia posible medida en dinero”.

POLÍTICAS PARA 
ABORDAR LA TEMÁTICA
Lowy pretende dejar en claro que “uno de los daños más graves que está provocando este sistema productivo son los daños al ambiente”, siendo que de éste tomamos los recursos y funciones. “Se tiene que tener en cuenta tanto los bienes y servicios que cotizan en el mercado y los que no, como ser la respirabilidad del aire (que no cotizan) que actualmente no se tienen en cuenta en los emprendimientos productivos”. 

De esta manera, las consecuencias se van haciendo palpables, se materializan a diario y conviven cotidianamente entre los ciudadanos. “Las consecuencias son las que vemos, el deterioro del ecosistema”, trata de graficar el ingeniero forestal. 

“Desde el punto de vista productivo, hay menos bienes y servicios, menor calidad de los mismos; la disponibilidad de agua se reciente; no hay acceso a los cursos de agua para abastecer a los cuerpos de agua; peces muertos y los bienes y servicios que producen los bosques se resienten”, detalló. 

A modo de ejemplo, manifestó: “La sociedad como consume más allá de la tasa de reposición de bienes y servicios, se come el patrimonio cultural, es como sacar más dinero del banco que el interés y te quedas sin capital”. 

En cuanto a las consecuencias económicas, “se destruye la diversidad productiva del sistema, el cual pretende montarse como una pirámide invertida, apoyada sólo en un tipo de cultivo como la soja provocando vulnerabilidad económica”. 

Si de consecuencias sociales se hablan, expuso que “tiene que ver con la expulsión de la gente de campo que se va a los cordones marginales de las ciudades, ya que no se pueden hacer otros cultivos porque el herbicida te mata”. 

El otro aspecto social es la “pérdida de la insostenibilidad alimentaria”, es decir, “si cultivamos soja, en lugar de producir alimentos para el pueblo, ese pueblo necesita proveerse de alimento desde otro lugar”. 

CULTIVOS
TÓXICOS
Según el informe suministrado por Lowy, Atlas del Riesgo Ambiental de la Niñez de Argentina, el algodón es el cultivo que presenta el mayor valor de toxicidad, especialmente porque utiliza el muy agresivo insecticida Methamidofos, pero también el
Endosulfán, entre otros de menor efecto tóxico. Al cultivo indicado le sigue la papa, porque también utiliza Methamidofos. 

En tercer lugar, aunque mucho más alejado de los anteriores se encuentra la soja, haciendo su mayor aporte de toxicidad del paquete el insecticida Endosulfán y otros agroquímicos de menor efecto tóxico como el herbicida glifosato. El maíz sigue en toxicidad a los anteriores, muy cerca de la soja debido al Methamidofos y Acetoclor + protector. 

Lo importante a destacar es que según reza el documento, Chaco se encuentra entre los departamentos de mayor riesgo de contaminación por plaguicidas –medio,
alto y muy alto--. Además, figuran las provincias de Córdoba, en sus zonas central
y del SE, Santa Fe, también al sur, limitando con Santiago del Estero y Santa Fe, y en menor medida la Provincia de Buenos Aires, en municipios del norte. Se incluyen, además algunos pocos departamentos de Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán. 
Dato a destacar es que la soja es el cultivo que hace el mayor aporte al Índice de Contaminación por Plaguicidas en las provincias de la pampa húmeda, mientras que en Chaco también es determinante la presencia del cultivo de algodón, cuyo paquete de agroquímicos asociado posee una muy elevada toxicidad, aunque se debe tener en cuenta que se trata de un cultivo con una presencia regresiva, precisamente a favor de otros, como la soja.

METODOLOGÍA 
DE CLASIFICACIÓN
El otro tema que preocupa al ambientalista Claudio Lowy es el daño que se produce a la salud, los cuales los califica de “severos”, partiendo de su postura en contra de la Metodología de Clasificación de los pesticidas denominada DL50. Esta consiste en determinar cuál es la dosis letal media aguda. 

Esto quiere decir que “determina cuál es la cantidad (dosis) de agroquímico que mata (letal) al 50% de una población de ratas (media), cuando es expuesta por un tiempo relativamente corto (aguda) al producto investigado. Así, cuanto menos producto es necesario para matar a la mitad de las ratas, se considera que el agroquímico (producto fitosanitario) es más peligroso”, explica Lowy.

Sin embargo, lo que pretende, a través del texto de recomendación que presentaron al defensor del Pueblo en diciembre de 2009, es que se solicite al Ministerio de Agricultura el cambio de la metodología. 

Argumenta que “la que rige actualmente no considera los daños subletales (sí enferma y no mata, las malformaciones abortos espontáneos) como tampoco los daños crónicos (la aplicación la padeces hoy y la enfermedad te aparece el año que viene) o por fumigaciones repetidas (que es lo que pasa en La Leonesa por el tema de Arroceras)”.

Entonces, “pedimos que se consideren todos los daños subletales agudos y crónicos; que no se hiciera sobre la sustancia activa el estudio sino sobre los formulados que son realmente los que se aplican que son mucho más tóxicos que el glifosato puro; también que mientras estas evaluaciones no estuvieran hechas, sean consideradas muy peligrosas porque no se saben los daños que pueden producir”.

Y la recomendación especial hacia el Ministerio de Agricultura mediante el Defensor del Pueblo, tenía que ver con “que quienes hicieran los análisis, tuvieran independencia de criterio, es decir, que no estén vinculadas a las empresas que comercializan estas empresas o los producen”.

Actualmente, el principal problema de la Organización Mundial para la Salud (OMS) es que “no se hace responsable del uso de esa clasificación y te dice que ésta está hecha para que se tomen las prevenciones pero no debe ser nunca usado como criterio principal sino como complementario a los criterios que tiene la gente que tiene conocimientos químicos”. 

A partir de esto, Lowy sostiene que “es una herramienta que facilita la utilización de agrotóxicos, haciendo creer a la población y productores que los pesticidas son menos tóxicos de lo que son. Porque además, “si una fumigación afecta a una persona, es imposible que pueda demostrar que ese producto que está en su cuerpo proviene de esa fumigación. No hay manera por más que sea cierto”, llevando esto a profundizar “la impunidad de delitos”. 

Por Lumila Greve Cárdenas