Dos productores agropecuarios y un piloto de avioneta serán llevados al banquillo por haber fumigado de manera clandestina campos de soja muy cerca de viviendas en barrio Ituzaingó Anexo. Para Gustavo Gómez, fiscal federal general de Tucumán y especialista en derecho ambiental, este juicio que se llevará adelante en febrero, el primero en el país contra productores, será emblemático porque “marcará un antes y un después en materia de contaminación con agrotóxicos”.
Para Gómez, es fundamental que en las causas ambientales haya una condena penal. Asegura que esto ayuda mucho en prevención y que por lo general las acciones con recurso de amparo para frenar ilícitos nunca llegan a buen puerto: “Muchas veces se utiliza la figura del amparo para avanzar en estos casos, pero yo no soy muy partidario de esto porque nuestro país adolece de un serio problema en la administración de Justicia, y muchas veces, nuestros poderes políticos y económicos ni siquiera cumplen con lo que pide la Corte Suprema de Justicia”.
El caso Matanza-Riachuelo (en Buenos Aires) es una muestra del fracaso de un recurso de amparo admitido por la Corte, que fija un cronograma de cómo sanear la cuenca y todavía, a dos años del dictamen, no se ha cumplido con casi nada, ilustra el especialista.
“En cambio, la acción penal es la amenaza de poner presos a los infractores. En Tucumán, tenemos condenados a intendentes por ser cómplices de contaminación ambiental, a empresarios del ámbito de la salud por tirar residuos patógenos a basurales, y eso genera prevención. Vaya a ver si en Tucumán se tira una jeringa en un basural, cualquiera sabe que puede ir preso por eso, entonces la represión termina funcionando como prevención”, analiza el fiscal.
La causa que se juzgará en febrero tiene sus inicios en 2008, cuando el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Merardo Ávila Vázquez, denunció que en barrio Ituzaingó Anexo se estaba fumigando muy cerca de las viviendas de los vecinos, pese a que regía una prohibición para realizar esa actividad a menos de 500 metros de la barriada. La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Matheu, quien detectó presencia de agrotóxicos a 200 metros de las casas.
“Este juicio será importantísimo, porque acá no están en juego únicamente estas personas. Esto puede llegar a crear jurisprudencia que va a afectar a Monsanto, a las grandes empresas que utilizan agrotóxicos para obtener más dinero”, sostuvo el funcionario. “Creo que el éxito de esta causa está en el fiscal Matheu, que peleó muy firme para que se pueda llegar a esta instancia, apoyado por la gente. Y esto también es importante, porque ninguna causa penal prospera si no hay apoyo social”, dice Gómez.
En Córdoba, los productores están acusados de “contaminación dolosa”. Por ese delito les puede corresponder una pena de 3 a 10 años de prisión, por violaciones a la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 y la ley provincial de agrotóxicos 9.164. Por la contaminación en Ituzaingó, se registraron casos de cáncer en 200 personas.
Gómez le sugiere a los vecinos que ante situaciones de estas características no se queden de brazos cruzados, porque hay instancias judiciales para frenar o prevenir casos de contaminación. “Es muy importante no quedarse en la denuncia. Nuestra Justicia en ese sentido fracasa, habitualmente en el ámbito provincial. Por ejemplo, en el norte, está muy al servicio del poder, entonces hay que presentarse como querellantes. Hay que activar el resorte de que cada vecino se transforme en un fiscal de la causa. Esta cuestión, de ser activos en causas penales es nueva, y se ha elevado la posibilidad en los últimos dos años”, sostuvo el fiscal federal.
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“Nada nos va a devolver la salud”
Las madres de Ituzaingó aguardan con ansias que llegue febrero. Desde 2002, ellas denuncian la contaminación en el barrio y ahora esperan que el juicio por las fumigaciones en 2008 tenga un resultado favorable para su lucha.
Sofía Gatica y María Godoy son dos de las representantes de estas mujeres que todos los días pelean por un barrio mejor. Serán testigos en el juicio y se ilusionan con la posibilidad de que los productores sean condenados por las fumigaciones. 
Sofía tiene a sus hijos enfermos y en tratamiento, por eso desde hace ocho meses no vive más en Ituzaingó Anexo. “Yo viví 22 años en el barrio, eran ellos o nosotros, y como no tuvimos respuesta me tuve que ir. Uno de mis hijos tiene una enfermedad que es acelerable, mi hija tiene tres agrotóxicos en el cuerpo. Mi casa está a 50 metros del campo, yo no me puedo arriesgar a volver, ya perdí un hijo, nada nos va a devolver la salud”.
María todavía no se olvida de lo que se siente cuando el cuerpo entra en contacto con los agrotóxicos. Una vez le tocó parar, junto a otros vecinos, una máquina que estaba fumigando a 100 metros de las casas: “Estaba lejos pero sentía que se me secaba la garganta, que me ardían los ojos, lo sentís muy fuerte en la nariz. Con el avión es peor porque te rocía todo. Al otro día, me levanté con los ojos pegados”.
En el barrio todavía reclaman prevención para evitar que la situación no empeore. Creen que con una condena mejorarían muchas cosas en lo que a contaminación con agrotóxicos y al cuidado del ambiente se refiere, pero por eso saben que aunque hayan llegado al juicio la lucha no se termina. 
“Los ciudadanos no somos conscientes de los perjuicios que le generamos al ambiente, no cuidamos el agua, los bosques, a la gente no le importa nada, mientras esté todo bien en casa no se le da importancia a lo que pasa de la puerta para afuera”, analizó María.
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Para Matheu, hay prueba
Para el fiscal que instruyó en la causa de Ituzaingó Anexo, Carlos Matheu, hay una altísima probabilidad de que haya una condena. “Tenemos muchas pruebas contundentes, está todo muy bien fundamentado para demostrar lo que planteamos”, sostiene.
De los campos fumigados se extrajeron muestras de endosulfan y glifosato a 200 metros de las casas de las familias. Los imputados en esta causa son Francisco Rafael Parra, dueño de las tierras y productor sojero; Jorge Alberto Gabrielli, inquilino y explotador de uno de los campos; y Jorge Pancello, piloto aplicador de los productos químicos. “Estamos convencidos de que éste va a ser un caso testigo, porque vamos a sentar un precedente para otras causas. Va a ser la primera vez que productores sean juzgados”, destaca Matheu.
De 2008 a esta parte, los imputados intentaron zafar de la situación, primero intentando apartar al fiscal declarándolo incompetente argumentando que se trataba de un delito federal. Luego, diciendo que no había pruebas suficientes.
“Sostenían que no se había visto la espiga de humo desplegada por el avión al momento de la aplicación. Nosotros, con testimonios, constamos que los vecinos habían sentido picazón de garganta, olor, ruidos de motores, un montón de cosas para presumir que efectivamente se había fumigado”, dice Matheu.
Matheu opina que en las leyes ambientales son necesarias figuras penales que castiguen con cárcel a quienes por sus acciones perjudiquen a la salud de terceras personas.